He leído el artículo de opinión del Dr.
Javier Martinez Salmean (
miembro del Comité de Personas Expertas del Ministerio de Igualdad sobre interrupción voluntaria del embarazo y jefe de servicio de obstetricia y ginecologia del hospital Severo Ochoa de Leganés) el El Pais de hoy, día 2 de Abril, y no puedo dejar de recomendar su lectura por lo acertado de sus reflexiones sobre la modificación de la Ley del Aborto y en el que repasa la historia de la anticoncepción y el aborto en nuestro país quedando de manifiesto el retraso que hemos tenido en España.
Mientras
la píldora, se legalizó en Estados Unidos y Europa en los primeros años de la década de los sesenta, en España se tuvo que esperar a la finalización de la dictadura franquista para que fuera plenamente legalizada en 1978.
"Aborto sí, aborto no", fue el debate europeo de los años setenta y las leyes vigentes en la actualidad (Inglaterra 1967, Finlandia 1970, Suecia 1970, Francia 1975, Italia 1978, Holanda 1980) consideran que la mujer debe decidir, en el contexto de una elección libre e informada, si continuar o interrumpir el embarazo dentro de un plazo que varía entre las 12 semanas de Italia y las 24 de Holanda e Inglaterra. En España tuvimos que esperar a 1985 cuando el Gobierno español arrancó tímidamente con una regulación del aborto a través de tres supuestos o indicaciones.
Y siempre con la campaña mediática emprendida por la Iglesia católica y sus afines que no han dudado en utilizar falsos argumentos científicos. Hay cosas que no cambian.
En cuanto a la ley que se propone actualmente se basa en la opinión de expertos que proponen estructurar una ley en una combinación de plazos e indicaciones limitada en el tiempo por la viabilidad fetal. Un plazo establecido por decisión de la mujer en una elección libre e informada en el entorno de las 14 semanas de gestación, y, al mismo tiempo, una ley de indicaciones hasta las 22 semanas de gestación cuando exista grave riesgo para la salud de la embarazada o cuando se detecten graves anomalías para el feto.
El aborto legal no se incrementa ni con la regulación ni con el tipo de ley, plazos o indicaciones. Su número depende de la eficacia de las políticas de salud sexual y reproductiva, como lo demuestra el ejemplo de Holanda, que, teniendo la ley más flexible y permisiva de Europa, presenta la tasa más baja de abortos de la Unión Europea. Y ello como consecuencia de sus políticas de acceso y disponibilidad de métodos anticonceptivos y de educación sexual.
Al margen de los credos religiosos, consolidemos los derechos que permitan, en este caso a las ciudadanas, tomar decisiones amparadas en leyes honestas adaptadas al tiempo que vivimos y a su realidad social.Podéis leer el artículo completo clicando
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